Se aproxima la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fecha que hace referencia a un legado de luchas, de avances, pero también nos compromete a mantenernos en la convicción de que todavía hay mucho camino por recorrer ya que las condiciones de inequidad, discriminación, prejuicios y violencia siguen presentes y se duplican cuando se trata de mujeres con discapacidad.
Para fundamentar el análisis de la inequidad, se han revisado las estadísticas publicadas en la página oficial del CONADIS y enfocándonos en las que corresponden a la provincia de Cotopaxi, podemos apreciar la existencia de brechas significativas en cuanto a acceso a educación, los porcentajes son favorecedores para el género masculino. Pero los que registran una brecha mucho mayor son los datos concernientes a personas con discapacidad laboralmente activas, donde el 65% es de género masculino y el 35% femenino; personas jubiladas, el 69 % es del género masculino y el 31% del femenino.
Estas cifras reflejan la problemática a nivel de empleo, por lo tanto, se debería impulsar que dentro del 4% de trabajadores, estipulado en la Ley Orgánica de Discapacidades como de obligatoria contratación a personas con discapacidad, se aplique la paridad de género. También, se pueden plantear, desde el Estado, incentivos a las empresas para favorecer el empleo de mujeres con discapacidad. A la par, las mujeres con discapacidad deben tener oportunidades de capacitación en diversas áreas, según su condición, que les permita estar preparadas para la inserción laboral.
Dentro de la misma página, encontramos información en cuanto a la emisión de licencias de conducción tipo F, 88% pertenece al género masculino y 12% para el femenino; el identificativo vehicular, 69% corresponde al género masculino y 31% al femenino. Esto confirma la desigualdad de oportunidades.
Las mujeres con discapacidad están expuestas a un riesgo mayor de violencia y todo tipo de abusos, dentro y fuera del hogar. Realidad que se agrava por la existencia de estereotipos que fomentan la dependencia, además de las barreras arquitectónicas que les complica en el momento de ponerse a salvo de los abusadores, la carencia de supervisión o seguimiento por parte de autoridades para salvaguardar los derechos de las mujeres con discapacidad, agudiza el problema tomando en consideración que se requiere una comunicación efectiva y de acuerdo con el tipo de discapacidad. En la provincia, cabe señalar que, es indispensable el conocimiento del idioma kichwa para los casos que se presentan en comunidades rurales o con presencia indígena.
Además, debemos visibilizar el rol de las mujeres como cuidadoras; garantizando su acceso al sistema de salud de forma preferencial, ya que, desde el nacimiento y durante toda la vida de quienes cuidan, los asisten de forma permanente 24/7; inclusive, les ha llevado a replantear su proyecto de vida de acuerdo a las necesidades de la persona con discapacidad; en muchos casos, ellas sobrellevan todas las resposabilidades sin el apoyo de su pareja, conllevándoles a un agotamiento físico y emocional. A nivel de instituciones de asistencia locales, bienvenidas serían las iniciativas que las tomen en cuenta y propicien espacios y actividades para su integración y recreación.
Reafirmamos la necesidad del cambio en el paradigma de la discapacidad: ya no son las limitaciones individuales las raíces de la discapacidad, sino las limitaciones de la sociedad para prestar los servicios y los entornos apropiados en pro de la autonomía e independencia, más aún en los casos de mujeres con discapacidad.
Madre
Licenciada en Ciencias de la Educación
Diplomado superior en Gerencia Educativa
Diplomado en Archivística y Gestión Documental
