Los derechos de las personas con discapacidad son fundamentales para garantizar su plena inclusión y participación en la sociedad. A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han enfrentado diversas formas de discriminación y exclusión; sin embargo, en las últimas décadas, se han realizado importantes avances en la protección y promoción de sus derechos.
Uno de los hitos más importantes en la protección de los derechos de las personas con discapacidad es la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de las Naciones Unidas en 2006. Este tratado internacional, del que también Ecuador es parte, reconoce que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás personas y establece una serie de principios y obligaciones para los Estados en relación con este grupo poblacional.
Entre los derechos fundamentales que se reconocen en la Convención se encuentran el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la accesibilidad, el derecho a la educación inclusiva, el derecho al trabajo y empleo digno, el derecho a la participación política, el derecho a la salud, entre otros.
El derecho a la igualdad y no discriminación implica que las personas con discapacidad deben ser tratadas en igualdad de condiciones que las demás, sin que se les impongan restricciones o limitaciones por razón de su discapacidad. Esto significa eliminar barreras físicas, sociales y culturales que impiden su plena participación en la sociedad.
El derecho a la accesibilidad es fundamental para asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios y espacios en igualdad de condiciones. Esto conlleva a contar con entornos físicos planificados y ejecutados bajo el principio de acceso universal, así como con información y comunicación adaptada a sus necesidades.
El derecho a la educación inclusiva garantiza que las personas con discapacidad tengan a su alcance educación de calidad en igualdad de condiciones con las demás personas, eliminando la segregación y promoviendo la inclusión de los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo regular.
El derecho al trabajo y empleo digno busca asegurar que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y que puedan ejercer trabajos acordes a sus capacidades y preferencias.
El derecho a la participación política pretende la inclusión de las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones y en el ejercicio de sus derechos políticos.
En conclusión, los derechos de las personas con discapacidad son fundamentales para garantizar su inclusión y participación plena en la sociedad. A través de la promoción y protección de estos derechos, se anhela construir una sociedad más igualitaria y justa para todos. Sin embargo surge una gran interrogante: ¿cuántos de estos derechos están plenamente garantizados?; ya que no es suficiente con ponerlos en leyes o decretos que en su gran mayoría se quedan en letra muerta; lo realmente importante sería que se difundan ampliamente en la sociedad y que esto conlleve a una aplicación práctica de dichas garantías; de lo contrario continuamos con una retórica vacía que no aporta soluciones.
Arquitecto, PhD en Ciencias de la Educación, Catedrático Universitario, Escritor, Investigador del Patrimonio Cultural y de las Ciencias Sociales. Columnista en varios medios de comunicación.
“Es indispensable sentipensar Cotopaxi, para consolidar la memoria colectiva, analizar críticamente el presente y proyectar el futuro con espíritu resiliente y sinérgico”.
